El eterno retorno

“En Granada no hay manera de que salga algún proyecto importante para la ciudad”.

Esta frase es  un clásico: periodistas y tertulianos la escriben y sueltan,  todo el mundo  la entiende: siempre que hay un proyecto importante para la ciudad surge el conflicto que hace imposible  su realización.

¿Pero qué hay de cierto en ello?; ¿es la idiosincrasia granadina, “malafollá”, la que impide “el desarrollo”? ; ¿es  la que nos hace permanecer en la cola de  los indicadores de bienestar?. Nos preguntamos los ciudadanos. ¿son imposibles lo pactos y acuerdos en Granada?; ¿se pueden hacer las cosas de otra manera?

Desde nuestra visión como asociación, vamos a intentar hacer una aproximación al problema tratando de detectar parte del origen  de esos conflictos – recurrentes – y a tratar de apuntar algunas razones, que, a nuestro, podrían explicarlo, y también arreglarlo.

Hacemos una salvedad:  no todos los proyectos se lían y se paralizan, algunos corren y se ejecutan con una diligencia y rapidez pasmosa: autovías, centros comerciales, y disparates urbanísticos varios.

Pero sí, podemos afirmar en base a la historia que Granada  no es un lugar de pactos ni consensos, sobre todo en lo que se propone hacer en el entorno al “casco histórico”, o zonas de especial sensibilidad.

La Participación Ciudadana: clave para resolver  conflictos.

Nuestra Constitución en su artículo 23 consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. . . , y aquí comienzan los problemas, pues los representantes, una vez elegidos no acaban de ver o entender eso de que los ciudadanos “tienen derecho a participar directamente”. Veamos.

Este mandato constitucional ha sido desarrollado por múltiples normas y reglamentos, pero a pesar de ello no hay una cultura de la participación ciudadana,  de manera que con el trámite de “exposición pública” de los proyectos – una vez hechos – y su correspondiente “plazo para alegaciones” damos por cumplida – y así lo recoge la ley – la tan cacareada participación.

Así una y otra vez se despacha como un simple trámite lo que en un estado de derecho debería ser la base de todo proyecto público: el conocimiento y la participación de los ciudadanos, tanto directamente como a través de los grupos en los que éste se organiza (consejo, colegios, asociaciones, etc) y siempre previamente a que el proyecto esté decidido.

En esta manera de enfocar y resolver  la participación creemos que está el origen y pecado de los “eternos retornos” y conflictos: convocar a ciudadanía cuando la decisión ya está tomada y hasta redactado el proyecto, hurtando el debate previo y necesario de hacer o no hacer, de valorar el acierto o la oportunidad de la idea, reduciendo – o pervirtiendo – la participación a un enfrentamiento malencarado con los técnicos redactores, cuando no directamente en la esfera judicial.

¿Se puede resolver, éste a nuestro entender,  grave problema de comunicación – participación de forma que los proyectos cuando salgan a la luz pública estén entreverados de  “acuerdos y consensos”  que hagan del trámite exposición pública, lo que es:  un trámite?.

Creemos que sí. Hay herramientas probadas para llenar de contenido la participación ciudadana y conseguir que los proyectos públicos salgan a la luz con unos grados de acuerdos y consensos para que puedan ser ejecutadas sin contrariedades.

Estas herramientas son los P.I.A.P  – procesos de investigación y acción participativa – y que en líneas generales consisten en montar grupos de trabajo con los agentes sociales y grupo interés en el proyecto para estudiar  y analizar, previa a la toma de decisión,  la necesidad o la conveniencia, el acierto y la oportunidad de la idea, y así como algunos aspectos generales de la misma.  

Superada esta fase participativa,  y si se informa positivamente,  se pasa a la fase técnica de redacción o encargo del proyecto, con concurso de ideas, si se ve oportuno, y demás trámites legales, ambientales, fiscales, etc. en los que la participación tendrá también su espacio pero ya en cuestiones de menor índole.

La pregunta es: ¿ a que esperan nuestras instituciones para que los PIAP sean obligados para proyectos de especial sensibilidad?; o que podemos hacer los ciudadanos y asociaciones para exigirlos?

Un caso de actualidad: el paseo de Romayla. Cronología y desencuentro.

• Año 200-2001: El patronato Alhambra – Generalife : concurso de ideas que es ganado por el estudio de arquitectura “Tejedor”. Se propone una actuación blanda y eliminación de construcciones ajenas a ese espacio.
• Año 2016: de nuevo el Patronato Alhambra – Generalife lleva a cabo unas jornadas denominadas “Cármenes del Darro”, con exposiciones y ediciones de material gráfico para ese evento, y donde se tiene de referencia el concurso de idea de “Tejedor”, pero no se articula ningún proceso de participación, ni por su puesto un PIAP
• Año: 2018 – 2019: aparece en la presa local un proyecto redactado por el Ayuntamiento de la ciudad, donde la actuación “blanda” y las actuaciones que se proponían por el ganador del concurso de idea, “Tejedor”, no son tenidas en cuenta y por el contrario se propone rehabilitación de edificios, accesos mecanizados, pérgolas, escaleras, …, todo en material moderno y ajeno al entorno.
• Año 2020- 2021: volvemos con la burra al trigo: escritos contra el proyecto; asociaciones indignadas, unas, cabreadas, otras; enfrentamientos institucionales, profesionales y personales…. Lo de siempre

  . . . el eterno retorno.

P.D. quien dio instrucciones para redactar el actual proyecto será un misterio más de Graná.