PAC: Capítulo 10 – Periodo Transitorio 2021-2022

El Parlamento y el Consejo Europeos aprobaron el 23 de diciembre de 2020 el Reglamento UE (2020/2020) [1], por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda de los Fondos FEADER y FEAGA en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican varios Reglamentos (UE) en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en el referido bienio. Su objeto es el proporcionar seguridad y continuidad a la concesión de ayudas a los agricultores europeos y garantizar la continuidad del apoyo al desarrollo rural en el período transitorio, ampliando el marco jurídico actual hasta la entrada en vigor de la nueva PAC. También incorpora las normas de aplicación de los fondos FEADER “Next Generation” del instrumento de Recuperación de la UE frente a la COVID-19.

Para realizar las adaptaciones necesarias en el ámbito nacional de garantizar la coherencia, la continuidad y una transición fluida desde el actual período de los pagos directos 2021 y 2022 hasta el próximo período, se aprobó el Real Decreto 41/2021 [2], de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en dichos años de varios Reales Decretos del año 2014, dictados para la aplicación en España de la PAC.

Según el MAPA[3], terminado el anterior periodo de aplicación 2014/20, durante este de transición 2021/22, el referido Real Decreto permite dar continuidad con total seguridad jurídica al pago de las ayudas directas así como a las medidas de los programas de desarrollo rural. Afianza asimismo un marco estable para que las personas agricultoras y ganaderas puedan percibir 7 200 millones de euros en cada uno de estos dos años, hasta la entrada en vigor de la nueva PAC, el 1 de enero de 2023, con la aplicación de los Planes Estratégicos Nacionales. Estas cantidades, unidas al presupuesto del futuro plan estratégico de la PAC 2023/27, asegurarán que España contará con el presupuesto necesario durante todo el periodo 2021/27, algo más de 47 724 millones de euros, para hacer frente a los retos fundamentales del sector agrario y del medio rural.

Dado que el régimen del pago básico en España se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50 regiones diferentes, mediante una comunicación de 18/12/2020, la Comisión Europea recomendó al Estado Español la necesidad de avanzar hacia una convergencia más equitativa de la distribución de las ayudas, y no discriminación en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años. Es por ello que, con esta norma, se pretenda converger paulatinamente el valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional; y así afrontar que dos personas agricultoras, que realizan una actividad igual en la misma región, reciban la misma cuantía de pago básico, principal ayuda a la renta de la producción.

Con el propósito de alcanzar una mayor eficacia, el reseñado Real Decreto también incluye cambios en la gestión, el control de las ayudas y la flexibilización de las asociadas a la ganadería, así como para facilitar el acceso a la juventud que inicia la actividad y presenten la solicitud única por primera vez.

Con el objeto de evitar el potencial coste ambiental sobre la avifauna, en la disposición final cuarta se recogen las prohibiciones de: a) Cortar tanto setos como árboles durante la temporada de cría y reproducción de las aves, salvo autorización expresa de la autoridad medioambiental. b) La recolección mecánica nocturna en los cultivos permanentes que presenten plantaciones intensivas en seto de porte alto, denso follaje y en los que se produzca la anidación o pernoctación de aves, con objeto de proteger a las aves durante la época de cría y reproducción, en las fechas que establezcan las comunidades autónomas.

Esta norma permitirá hacer las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual; pero, ante la protesta de gran parte del sector agrario español, incluido el andaluz, considera que propicia una brusca convergencia que perjudicará a agricultores y ganaderos andaluces. Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía se ha advertido, de hecho, que habrá beneficiarios que dejarán de ingresar porcentajes importantes de las ayudas directas. Dada su transcendencia, desde el sector agrario se lamentan que se haya elaborado desoyendo las demandas de agricultores y ganaderos que, básicamente, reclamaban una transición más moderada y real con el fin de evitar más problemas económicos a las ya maltrechas economías (Ortiz) [4]

Las organizaciones critican la falta de consenso, en especial, cuando está a punto de negociarse el Plan Estratégico Nacional que hay que mandar a Bruselas. En general, pusieron de relieve su fondo bueno si bien lamentaron las formas en las que se ha aprobado. Entienden que no se ha tenido en cuenta las propuestas tanto de las comunidades como de las organizaciones agrarias, que entre otros aspectos habían propuesto recorrer este camino en un periodo de 4 ó 5 años para que de esta manera se notaran menos la diferencia de ingresos entre uno y otro año. La convergencia en los pagos es algo que está sobre la mesa desde hace tiempo y así se está avanzando, pero la queja que se manifiesta es que se preveía que iba a desarrollarse durante el periodo de vigencia de la nueva PAC, mientras que el Gobierno lo ha adelantado de forma brusca en estos dos ejercicios (Zamora 24 horas.com) [5] .

Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) han mostrado su unión sin fisuras, en defensa de sus agricultores y ganaderos “frente al atentado que supone el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC, en la que se ha producido una bajada del presupuesto de esta política para España en el marco 2021-2027”. Así lo han manifestado en una rueda de prensa conjunta en la que han denunciado que el texto “se ha hecho sin consenso y a espaldas de la principal región agraria de España”. En este sentido, han afirmado que “un cambio tan brusco como el aprobado por el Gobierno de España va a conllevar más desempleo y más pobreza en Andalucía y, por ende, en el conjunto nacional” (Olimerca) [6].

Aseguran que es la antesala de la posición que tomará el Gobierno de España a la hora de distribuir las ayudas de la PAC y consuma la declaración de intenciones del ministro de reducir drásticamente el número de regiones productoras, eliminar los derechos históricos y realizar el reparto de las ayudas bajo un modelo de tarifa plana sin tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones. Con el fin de revertir estos preocupantes efectos en el campo andaluz, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, solicitan al Ministro de Agricultura la retirada inmediata del Real Decreto de transición de ayudas de la PAC, la urgente convocatoria de una mesa de diálogo real, así como mantener el peso de los agricultores y ganaderos de Andalucía en España y proteger su presupuesto.

Ante determinadas informaciones, difundidas sobre la negociación en curso de la PAC y su aplicación en España, el 16-2-21, el propio MAPA [7], entre otras, precisó siete declaraciones. “Primera: La discusión de los tres reglamentos europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de la Unión Europea, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril. Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC. …. Séptima: La posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las comunidades autónomas”.